Xerardo Estévez
La cuestión de fondo es que so capa del problema de la vivienda se encubre un negocio inmobiliario producido por el incremento del precio del suelo, del que se benefician fundamentalmente los propietarios de terrenos, los promotores y, en su caso, la administración. Los ciudadanos se ven obligados a introducirse en el juego y convertirse en operadores de suelo sui géneris, viviendo con ansiedad la evolución del mercado inmobiliario.
Tan pronto adquirimos una vivienda mediante una hipoteca rogamos que el precio suba lo suficiente como para que la operación resulte rentable en relación con el tipo de interés, pues su valor de uso tiende a depreciarse. Más que espacio para habitar, lo que compramos y vendemos son acciones de suelo, es decir, la repercusión del suelo sobre el precio de cada metro cuadrado de vivienda. Salvo a los que no las tienen, y que cada día lo ven más difícil a medida que se calientan mutuamente la oferta y la demanda, a nadie le interesa que esas acciones vayan para abajo.
Desde el lado de la economía, y también en amplios sectores de la política, se piensa que el mercado puede llegar a satisfacer todas las necesidades construyendo cada vez más habitáculos, por eso no se ve necesario abordar estudios serios sobre la demanda residencial por edades, tipos de familia, sectores. Es decir, no se fija la dimensión del objetivo constitucional y de esa manera se confunde el negocio con el problema de la vivienda.
